El Comité Técnico de Evaluación tiene previsto comunicar este lunes los listados definitivos de quienes aspiran a ocupar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso señalado por discursos de austeridad y por críticas relativas a la falta de claridad en los criterios de evaluación. Esta resolución allanará el camino para que la Cámara de Diputados emita su voto a más tardar el miércoles.
De qué manera se integrarán las quintetas y qué aspectos se determinarán
El procedimiento establece que, de los 50 perfiles con mejores resultados a lo largo de las distintas etapas, saldrán 15 nombres para conformar tres quintetas. Una deberá integrarse exclusivamente por hombres, otra solo por mujeres y la tercera podría ser mixta. En esta última recae un dilema de fondo: si se elige a una mujer para preservar la mayoría femenina en el Consejo General, o si se otorga ese espacio a un hombre, modificando el balance actual. Más allá del diseño formal, lo que está en juego es la orientación del órgano árbitro de aquí a la próxima década, pues las tres personas elegidas ejercerán un periodo de nueve años y enfrentarán, entre otros desafíos, el proceso federal de 2027, anticipado como uno de los más complejos por su dimensión logística y regulatoria.
La ruta de esta semana es particularmente comprimida. Tras la presentación de las quintetas este lunes, se prevé que la Cámara de Diputados lleve el asunto al pleno a más tardar el miércoles. La velocidad del calendario no ha disipado las preguntas que acompañan el proceso: ¿con qué parámetros se midió la idoneidad? ¿Hasta qué punto la imparcialidad y la experiencia electoral pesaron realmente? Y, sobre todo, ¿de qué manera se justificaron los puntajes que terminaron por abrir o cerrar el paso a la fase definitiva?
La austeridad como contraseña retórica en las entrevistas
Una constante en las comparecencias fue la reiterada demanda de impulsar un mayor ahorro, optimizar el uso de recursos y reforzar el combate a la corrupción. Aunque el enfoque no es nuevo: en ejercicios anteriores, la oferta de disminuir costos y “evitar duplicidades” terminó funcionando como un recurso discursivo que favoreció a más de una candidatura; sin embargo, una vez en el cargo, pocos lograron convertir esas promesas en ajustes presupuestales con métricas claras. En esta ocasión, muchos de quienes obtuvieron las calificaciones más altas coincidieron con el énfasis del Ejecutivo federal y con la lógica de recientes iniciativas de reforma electoral: dar prioridad a la eficiencia del gasto y recortar remuneraciones consideradas excesivas.
El caso de Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos, ilustra el fenómeno. Con cercanía política a la Presidencia y a la Secretaría de Gobernación, subrayó la necesidad de recortar privilegios en la alta burocracia del INE para “enriquecer la democracia” mediante un uso austero de los recursos. La formulación, contundente en lo retórico, no alcanzó a delinear una hoja de ruta concreta para resguardar la calidad de la organización electoral mientras se aplican tijeras al gasto.
En la misma línea, Pluvio Rivera, coordinador de enlace político en la Secretaría de Medio Ambiente, destacó el combate a la corrupción como pilar para robustecer la estructura institucional, y subrayó que la sociedad exige un órgano de decisión electoral atento a posibles prácticas irregulares; la premisa resulta razonable, aunque volvió a posponerse la definición detallada: qué instrumentos se emplearían, en qué plazos y mediante qué indicadores se evaluarían los progresos.
También Wilfredo Román Morales Silva, consejero electoral en Sonora y figura cercana a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, recurrió al principio de que “nadie gane más que la Presidenta”, remarcando que la administración pública y los órganos autónomos están llamados a “hacer más con menos”. La parte más delicada de su exposición fue la propuesta de modificar las remuneraciones en el INE; otra vez, sin explicar cómo garantizar la conservación de funciones técnicas esenciales —como la organización de la capacitación, el funcionamiento de los sistemas o la revisión de cómputos— si disminuye el atractivo para profesionales de alta especialización.
Pericia, neutralidad y fallos formales que despertaron señales de alerta
Junto con el llamado a la austeridad surgió otro punto de atención: la ausencia de experiencia electoral de diversas candidaturas que, aun así, alcanzaron las etapas finales. A ello se añade el activismo político que algunas y algunos postulantes muestran en redes sociales, donde expresan abiertamente su respaldo a figuras como Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador o al partido Morena, situación que tensiona el requisito de imparcialidad previsto en las bases. La preocupación aumenta si se recuerda que la labor de consejería demanda un criterio independiente frente a todas las fuerzas políticas.
En el plano procedimental, también hubo tropiezos. Varias personas que avanzaron a etapas superiores se atoraron al responder preguntas técnicas o simplemente las eludieron, dejando amplios espacios de su tiempo sin aprovechar. La funcionaria del INE María Fernanda Romo Gaxiola —identificada como cercana a Taddei— y el magistrado Armando Ambriz Hernández —amigo del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal— fueron señalados porque concluyeron antes de agotar la mayor parte del tiempo disponible. En otra escena llamativa, a Arturo Chávez se le cuestionó sobre financiamiento ilícito en campañas y reencauzó su respuesta hacia críticas a la burocracia, sin entrar al fondo del tema planteado.
Estos hechos, junto con el carácter reservado que rodeó la metodología de evaluación, alimentaron aún más las dudas. El Comité Técnico de Evaluación tampoco ha explicado con claridad suficiente de qué manera valoró la solvencia técnica, la trayectoria comprobable y la imparcialidad, ni cuál fue la razón por la que ciertos perfiles lograron avanzar en el proceso pese a mostrar carencias frente a aspectos esenciales del ámbito electoral.
La acción afirmativa que quizá resulte insuficiente y la impugnación que continúa en marcha
A la par, el proceso también atraviesa un desafío legal. Durante el fin de semana, Óscar Daniel Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de Coahuila, presentó un recurso ante el Tribunal Electoral para impugnar la lista de 50 finalistas. Su planteamiento principal sostiene que el Comité Técnico no acató la resolución de la Sala Superior, la cual ordenaba incorporar en cada una de las tres quintetas, como mínimo, a una persona perteneciente a grupos históricamente discriminados como parte de una acción afirmativa obligatoria.
Según expone Rodríguez, la integración que presentó el Comité solo sumó a dos personas que se identifican con estos grupos a través de la vía de discapacidad. Si esa composición se mantiene, apenas dos de las tres quintetas respetarían el mandato, dejando una sin la representación exigida. Desde su perspectiva, esto no solo limita su participación individual, sino que también supone un perjuicio colectivo para quienes, aun siendo considerados aptos, quedarían excluidos por no haberse aplicado de manera plena la acción afirmativa. La resolución judicial que surja de este reclamo podría afectar los plazos o incluso obligar a un ajuste de último momento en las listas.
El fondo del debate es más amplio que un mero requisito de forma. Se trata de dar contenido real a la diversidad en órganos colegiados que toman decisiones de alto impacto público. Las acciones afirmativas pierden sentido si quedan como casillas simbólicas; su eficacia depende de una implementación que cumpla el estándar mínimo en cada bloque de elegibles, justo lo que aquí se discute.
Austeridad sí, pero con garantías para la calidad electoral
El clamor por “evitar duplicidades”, “hacer eficiente el gasto” o “construir un INE más austero” marca la conversación pública, pero la discusión seria no puede limitarse a consignas. En realidad, la autoridad electoral gestiona procedimientos que exigen un sólido soporte técnico y competencias especializadas: creación y resguardo del material electoral, capacitación extensiva del funcionariado de casilla, operación de sistemas informáticos de alta disponibilidad, supervisión de tiempos oficiales, labores de fiscalización y la atención de cientos de miles de actos procedimentales en cada proceso. La eficiencia no solo es alcanzable, sino deseable, siempre que vaya acompañada de rediseños que preserven la calidad y la independencia institucional.
Una ruta seria debería incluir metas cuantificables de ahorro con línea base clara; auditorías de procesos para identificar cuellos de botella reales; interoperabilidad de sistemas que evite redundancias sin sacrificar controles; y, sobre todo, blindajes para que los ajustes presupuestales no se conviertan en pretexto para debilitar funciones sustantivas. La experiencia internacional enseña que los recortes sin planificación terminan saliendo caros: erosionan la memoria institucional, detonan rotación de personal clave y abren ventanas de riesgo operativo en los momentos críticos.
La votación en Diputados y el reto que asoma rumbo a 2027
Con la exposición de quintetas fijada para este lunes y una eventual votación del pleno prevista, cuando mucho, para el miércoles, la Cámara de Diputados terminará definiendo la decisión final. De esa elección surgirá una ruta de amplio impacto sobre la que recaerán, entre otras tareas, la organización y dirección de los comicios de 2027. Dicho proceso aparece especialmente retador debido a la simultaneidad de elecciones, el tamaño del padrón, los requerimientos de sustitución y actualización tecnológica, así como la validación de cada fase dentro de plazos cada vez más ajustados.
La fortaleza del Consejo General que resulte de esta renovación no se fundará solo en el prestigio particular de quienes se incorporen, sino en la aptitud del conjunto para actuar con criterios técnicos, mantener la imparcialidad ante presiones políticas y transmitir con claridad a la ciudadanía. Una institución decide bien cuando logra explicar con precisión las razones y el modo en que adopta cada resolución. La falta de transparencia mostrada en la evaluación inicial no debería repetirse en el funcionamiento diario del órgano colegiado.
Lo que deja esta etapa y lo que todavía falta por corregir
El avance hacia las quintetas deja ver cuatro enseñanzas inmediatas: en primer lugar, se vuelve imprescindible difundir con mayor precisión las metodologías de calificación para que la ciudadanía examine tanto los resultados como el razonamiento que los sustenta; en segundo término, resulta conveniente blindar los criterios de imparcialidad y trayectoria, evitando que el perfilamiento quede excesivamente condicionado por afinidades políticas o habilidades discursivas; en tercer lugar, urge que las acciones afirmativas se ejecuten plenamente en cada bloque, sin atajos ni lecturas restrictivas; y, por último, conviene que las y los aspirantes transformen el discurso de austeridad en propuestas concretas, con metas claras, calendarios definidos y salvaguardas explícitas que protejan la integridad del proceso electoral.
Si estas áreas se atienden, la discusión puede salir del terreno de la sospecha para entrar en el de la mejora institucional continua. La ciudadanía no espera perfección, pero sí reglas claras, procedimientos consistentes y resultados verificables. Ese es el estándar que una autoridad electoral moderna debe asumir como propio.
Un cierre abierto: expectativa por las listas y la votación final
La entrega de las quintetas este lunes se perfilará como un momento decisivo, pues desde entonces el debate dejará de moverse en lo teórico y empezará a centrarse en perfiles y trayectorias específicas. En disputa estará no solo la integración del Consejo General, sino también la solidez de un método que busca armonizar mérito, representatividad y autonomía. Aunque la Cámara de Diputados contará con un margen temporal reducido, asumirá plenamente la responsabilidad política de garantizar que la elección final respete esos principios.
Si el proceso logra orientarse mediante reglas claras, con apego a acciones afirmativas y criterios técnicos por encima de cualquier consigna, el INE podrá llegar a 2027 con bases más sólidas; pero si, en cambio, las decisiones permanecen envueltas en falta de transparencia y se antepone la consigna a la solvencia, se generarán inquietudes innecesarias que terminarán afectando la confianza pública. En los próximos días surgirán indicios decisivos sobre cuál de estas dos rutas terminará imponiéndose.
